Resumen: La sala estima los recursos interpuestos frente a una sentencia que confirmó las resoluciones del Ministerio Fiscal y del órgano administrativo, las cuales referían dudas fundadas de la fiabilidad del pasaporte y la partida de nacimiento en relación con la edad del demandante porque, al entrar en territorio español, declaró haber nacido en otra fecha que le haría mayor y porque se negó a realizar pruebas médicas para acreditar tal extremo. Además, procedería el archivo por carencia sobrevenida de objeto pues con posterioridad a la demanda el demandante ha alcanzado sin duda la mayor de edad y ha dejado de existir interés legítimo de obtener la tutela judicial pretendida. La sala rechaza, en primer lugar, esta carencia sobrevenida ya que el recurrente sigue teniendo un interés legítimo en que se declare que la resolución administrativa que le denegó la declaración de desamparo no fue conforme a derecho. En cuanto al fondo, la sala considera que no no se ponderaron adecuadamente las razones por las que se decretó la mayoría de edad. La documentación aportada no presentaba indicios de manipulación, ni había sido desacreditada por las autoridades que la expidieron, tampoco es decisivo el hecho de que el demandante manifestara que era mayor de edad pues es una práctica habitual de los menores que creen que así encontrarán trabajo; además, la apariencia física inicial no resulta determinante y, por último, resultaba justificada su negativa a someterse a las pruebas médicas.
Resumen: El recurso de casación versa sobre la extinción de un contrato de arrendamiento sobre un caserío que había sido objeto en su día de un contrato de arrendamiento rústico concertado por los antepasados de la actual arrendataria. En las dos instancias se ha ponderado, en atención a las circunstancias, que el contrato que vinculaba a las partes dejó de ser de arrendamiento rústico y pasó a ser un arrendamiento de vivienda y, en consecuencia, aplicando el régimen de las disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Urbanos 1994 se considera que el contrato habría quedado extinguido. Recurre en casación la arrendataria y el recurso se desestima al apartarse de la ratio decidendi de la sentencia recurrida que concluye, a la vista de los hechos probados, que el contrato de la demandada no era de arrendamiento rústico porque no pudo subrogarse y porque el objeto del contrato había dejado de ser la explotación agraria. De ahí que no atribuya al silencio la eficacia de alterar la ley aplicable al contrato, ni es contraria a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la relevancia del silencio a efectos del consentimiento ni aprecia que se produjera una novación como consecuencia del silencio de la demandada.
Resumen: Demanda de modificación de medidas definitivas en la que el padre solicita, entre otras, la adopción de un régimen de guarda y custodia compartida. La sentencia de primera instancia estimó esta pretensión, si bien y a petición del Ministerio Fiscal, se adoptó un detallado régimen progresivo previo para evitar que el cambio pudiera afectar a los menores. La sentencia de apelación revocó esta decisión al entender que no había circunstancias nuevas, que la edad de los niños no aconseja establecer cambios en las rutinas creadas y que llevan viviendo siempre en la misma casa. Recurre en casación el padre demandante y se estima el recurso. Doctrina jurisprudencial, según la cual, el régimen de guarda y custodia compartida es el normal y deseable y especial trascendencia que ha de tener en estos casos el informe psicosocial. En el presente caso, se declara que concurre un cambio cierto y sustancial en las circunstancias, dada la escasa edad que tenían los menores cuando los padres se divorciaron, el tiempo transcurrido, la posibilidad de vivienda independiente del padre, la reconstrucción de sus vidas afectivas por parte de ambos progenitores, la idoneidad como educadores de ambos y la trascendencia del informe psicosocial que no desaconseja la custodia compartida, todo ello unido a un amplio régimen de visitas preexistente que va a facilitar la transición al actualmente fijado. Se confirma la sentencia de primera instancia.
